Represión y encierro

En este informe, Mundo en Movimiento plantea una perspectiva interseccional desde el género y la salud en la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad en los centros de internamiento de extranjeros (CIE), tanto desde un prisma teórico como desde su aplicación práctica. A partir del acompañamiento de estas personas, especialmente en el caso de las mujeres, y de la participación activa en la lucha por el cierre de los CIE, hemos podido constatar que cuando el Estado activa el dispositivo deportador trata de imponer un orden social que deshumaniza a las personas.

Para comprender mejor a qué nos enfrentamos es fundamental atender a la composición conceptual del CIE integrada por el racismo, la clase y el género, así como a la perversa vinculación de estas tres categorías. El Estado español establece una diferenciación entre seres humanos, otorgando a sus nacionales la condición de personas y negándosela a determinados sujetos extranjeros. De este modo, las mujeres sin papeles están excluidas en el reconocimiento de su dignidad y derechos, abocadas a una situación de vulnerabilidad y desprotección en la que acaban siendo encerradas fundamentalmente por el delito de migrar para sobrevivir. Como segunda categorización opera la clase. Es esencial al sistema capitalista el reconocimiento desigual del estatuto de persona y la reserva del mismo a aquellos agentes de consumo y productivos que considera útiles para su reproducción. Así, la categoría que opera en relación al mercado es la de posible agente productivo, “posible" puesto que, como defiende el informe, en aquellas circunstancias que interesa explotar la fuerza de trabajo de las personas migrantes se les permite permanecer en territorio español, pero, cuando no interesa, son desechadas mediante los diversos mecanismos del dispositivo deportador. El género supone otro escalón represivo más junto con el cual el trabajo juega un papel importante, ya que la gran mayoría de las mujeres internadas son trabajadoras sexuales y de cuidados; de este modo, se criminalizan maneras específicas de ganarse la vida y sobrevivir que históricamente están circunscritas a las mujeres.

El derecho a la protección de la salud está reconocido de forma amplia en la Declaración Universal de Derechos Humanos y también en la Constitución Española. La cuestión que se suscita aquí es el alcance del ámbito de aplicación del mismo: si se restringe a la ciudadanía o si es de carácter universal.